Los nuevos coches que se vendan en la Unión Europea a partir de mayo de 2022 deberán llevar instalado un limitador de velocidad inteligente, dispositivo que se extenderá al conjunto del parque móvil en 2024 y con el que se pretende reducir la mortalidad vial en un 20 %.

El Parlamento Europeo dio este martes luz verde por 578 votos a favor, 30 en contra y 25 abstenciones a la normativa, que prevé la inclusión en los futuros vehículos ligeros del llamado Asistente Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés), uno de los 30 nuevos sistemas para reducir los accidentes de tráfico en coches, furgonetas, autobuses y camiones.

El asistentes de velocidad es un sistema capaz de leer las señales de tráfico y, una vez activado, ajustar automáticamente la velocidad del vehículo al límite establecido, avisará al conductor de la velocidad máxima a la que debería de circular el vehículo en función de las circunstancias de la vía.

El conductor tomará la última decisión y, además, podrá desactivar el dispositivo cuando quiera. La persona al volante, de hecho, tendrá también que encender el limitador de velocidad cada vez que arranque el vehículo, cuyo uso no será obligatorio.

Se trata de un primer paso para que los conductores vayan acostumbrándose a esta nueva tecnología mientras se van perfeccionando esos dispositivos, aún con un margen de error de en torno al 10 %.

El ponente del texto en el Parlamento Europeo, la eurodiputada conservadora polaca Róza Thun, describe el dispositivo como un "sistema inteligente que hará que los conductores sean plenamente conscientes de que están excediendo el límite de velocidad". "Esto no sólo nos hará a todos estar más seguros, sino que también ayudará a los conductores a evitar multas", declaró la europarlamentaria.

La Dirección General de Tráfico (DGT) española ya había propuesto el año pasado que el limitador de velocidad pasara a ser obligatorio en los vehículos, bajo la lógica de que la velocidad es "el punto estratégico" de la seguridad vial: a mayor velocidad se producen más accidentes y de mayor gravedad.

La organismo ha aplaudido la decisión de este martes del Parlamento Europeo. Así lo han manifestado fuentes de Tráfico después de que la cámara europea haya aprobado esa normativa.

Para la DGT, toda estrategia de seguridad vial tiene que tener asumido que el factor humano sigue presente en la siniestralidad en las carreteras, por lo que tanto los vehículos como las infraestructuras tienen que ir hacia un sistema que "aminoren" esos errores humanos. De este modo, las autoridades de Tráfico valoran nuevas tecnologías como los avisadores de cambio involuntario de carril, los limitadores de velocidad o los ISA.

Tráfico, también, apuesta por carreteras "más amigables" que también contribuyan a que el error humano cada vez esté menos presente entre los factores que inciden en la accidentalidad.

Según la normativa aprobada por la Eurocámara, los coches deberán ir equipados con mecanismos de frenado inteligente, sistemas avanzados de advertencia por distracción, de mantenimiento de carril, de detección de marcha atrás, interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque y parabrisas que mitiguen los daños causados a ciclistas y peatones en caso de choque.

También llevarán instalados una señal de frenado de emergencia, que ya era obligatorio para camiones y autobuses, y un registrador que registrará los datos de los segundos previos al accidente y que servirá de "caja negra" para analizar las causas del siniestro, sistemas todos ellos que también reducirán potencialmente las emisiones de CO2.

Más allá de los coches, la nueva normativa europea afecta también a los grandes vehículos, como camiones y furgonetas, que a partir de 2025 deberán empezar a equiparse con tecnología de visión directa para detectar mejor los puntos ciegos y un sistema de alerta de colisión para alertar a peatones y ciclistas, los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Según los datos preliminares publicados por la Comisión Europea, más de 25.000 personas murieron en las carreteras europeas y 135.000 sufrieron heridas graves en 2018, que no llegará a la meta de reducir los siniestros mortales a 15.750 en 2020.

El Ejecutivo comunitario aspira, no obstante, a reducir a la mitad el número de accidentes mortales o graves entre 2020 y 2030 y a alcanzar el objetivo de cero muertes en las carreteras de la Unión Europea en 2050.